Compromiso Solidario con la Protección de la Vida “Perú Hambre Cero”

Compromiso Solidario con la Protección de la Vida “PERÚ HAMBRE 0”

El prolongado periodo de aislamiento social dispuesto por el Gobierno para contener el avance de la pandemia del COVID-19 ha implicado la paralización de la mayor parte de las actividades económicas del país y traído como consecuencia la pérdida de sustento de millones de peruanos que hoy enfrentan también otras serias amenazas a su salud como el hambre y diversas formas de malnutrición.

Dado que el proceso de reactivación económica que les permitirá recuperar sus medios de subsistencia se encuentra apenas en su fase inicial, los representantes del Estado, de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil que integramos el Acuerdo Nacional hemos visto la urgencia de hacer un llamado a todas las personas e instituciones del país a sumarnos a los esfuerzos que el Gobierno y diversos sectores de la ciudadanía vienen realizando para derrotar la enfermedad y el hambre, y sentar las bases para una reactivación económica con el menor riesgo posible para la salud.

Resulta perentorio poner en marcha una campaña nacional de solidaridad con quienes hoy no pueden sostenerse por sus propios medios. No basta pedir que la ciudadanía tome conciencia de los riesgos del contagio, sino que es indispensable procurar que todos los peruanos tengan acceso al agua potable, a una alimentación saludable y a los implementos de protección personal indispensables para salvaguardar su salud, de modo que la vida de ningún compatriota esté en riesgo o se perjudique seriamente por la pérdida de capacidades por causas evitables.

Las instituciones integrantes del Acuerdo Nacional nos comprometemos a cooperar en la tarea de dar viabilidad y sostenibilidad a este esfuerzo. Con este fin, acordamos:

1. Propiciar y contribuir a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, las iglesias y otras organizaciones de la sociedad civil, así como con organismos multilaterales y de la cooperación internacional a fin de:

• perfeccionar y agilizar el proceso de identificación de los hogares más vulnerables en todas las regiones del país, con la finalidad de procurar que ninguna localidad quede desatendida.
• identificar y cuantificar los productos y servicios que deben hacerse llegar con urgencia a la población más vulnerable.
• implementar intervenciones de fortificación de alimentos y suplementación nutricional en las poblaciones más vulnerables.
• establecer criterios de transparencia para la adquisición y distribución de los bienes requeridos y activar alertas institucionales y ciudadanas contra actos de corrupción.
• establecer cadenas de distribución –de las que los programas del MIDIS, los comedores populares, los comités de vaso de leche y los programas de solidaridad de las iglesias constituyen piezas clave— que permitan llegar a todos los rincones de la patria en el menor tiempo posible.

2. Promover la priorización de la compra de la producción agrícola y pecuaria nacional, especialmente la de agricultores familiares, comunidades campesinas y nativas, y de los pueblos originarios para el abastecimiento de la población beneficiaria, a través de programas sociales, donaciones y mercados. Para ello, se debe resolver problemas inmediatos como el acceso a financiamiento, la disponibilidad de mano de obra para la cosecha oportuna, costo de fletes, entre otros.

3. Impulsar la producción nacional de los bienes requeridos tomando en cuenta criterios de calidad y competitividad.

4. Promover espacios de diálogo democrático con trabajadores informales, pequeños comerciantes, agricultores familiares, comunidades campesinas y amazónicas, organizaciones de mujeres, entre otros grupos subrepresentados, que permitan conocer su situación y tomar en cuenta sus demandas.

5. Promover el pleno respeto a los derechos laborales durante y después de la pandemia.

Lima, 22 de mayo de 2020.